La discusión en torno a una reforma integral de la Ley de Educación Superior ha comenzado a sumar capítulos decisivos en la agenda oficial. El borrador que circula entre los despachos del Gobierno incluye la facultad discrecional para que las universidades arancelen las carreras de grado a estudiantes extranjeros no residentes, además de vincular el presupuesto a la cantidad de alumnos egresados.
Desde el oficialismo sostienen que es imperativo eficientizar la asignación de recursos públicos, priorizando la retención y graduación de los estudiantes locales frente a los altos índices de deserción académica en los primeros años de cursada. Asimismo, se promueven auditorías contables permanentes por parte de la Sindicatura General de la Nación.
Por su parte, rectores de la comunidad universitaria rechazan de forma tajante el arancelamiento y defienden el principio histórico de gratuidad e inclusión universal consagrado en las últimas décadas. El proyecto promete un duro enfrentamiento legislativo durante las sesiones ordinarias. ¿Hacia qué modelo de financiamiento debe evolucionar la universidad pública argentina?