Las calles del centro de la capital mendocina se convirtieron en el escenario de una concurrida manifestación popular que marchó hacia las puertas del Senado provincial. La movilización, impulsada por organizaciones campesinas, asociaciones de pequeños productores, comunidades originarias y agrupaciones ambientales, expresó su enérgico rechazo al proyecto de Ley de Propiedad Privada impulsado por el Poder Ejecutivo local.
El proyecto legislativo cuestionado propone modificaciones sustanciales en la regulación de tierras fiscales, procesos de regularización dominial y esquemas de desalojo acelerado ante situaciones de ocupación no titulada. Según los voceros de la marcha, la redacción de la norma vulnera derechos adquiridos de familias rurales de escasos recursos y facilita la concentración de grandes extensiones de suelo en manos de emprendimientos inmobiliarios y de explotación minera o turística.
Desde el gobierno provincial y las bancadas oficialistas defendieron la necesidad del marco normativo, argumentando que la ley busca dar seguridad jurídica absoluta a las inversiones productivas y poner fin a disputas de tenencia que paralizan el desarrollo económico de zonas del interior mendocino. Afirman que la propiedad privada debe ser garantizada con procedimientos judiciales ágiles que eviten la dilatación indefinida de conflictos inmobiliarios.
La sesión en la Cámara Alta provincial debió desarrollarse bajo un estricto operativo de seguridad en medio de la sesión de comisiones. La resistencia social al proyecto pone a prueba la capacidad de negociación política del gobierno mendocino en un tema sensible que combina derechos sociales, conservación ambiental y modelos de desarrollo productivo. ¿Logrará el gobierno provincial sancionar la norma o la presión de las movilizaciones obligará a reescribir el articulado?