El sistema educativo superior vuelve a ser el epicentro de la tensión política y social tras la convocatoria a un paro universitario nacional de 24 horas llevado adelante por los sindicatos docentes y no docentes de las casas de altos estudios de todo el país. La huelga afecta el dictado de clases y el funcionamiento administrativo en las universidades públicas, reeditando el conflicto presupuestario con el Poder Ejecutivo.
El reclamo central de las federaciones gremiales apunta al deterioro del salario real del personal académico y nodocente. Aseguran que los incrementos otorgados de forma unilateral por la Secretaría de Educación quedaron sensiblemente relegados frente a la inflación acumulada. El paro docente universitario cuenta con el respaldo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que insiste en la urgencia de actualizar de forma integral las partidas de presupuesto educativo.
Por el lado del Ministerio de Capital Humano sostienen que los giros para gastos de funcionamiento fueron actualizados y que la pauta salarial debe enmarcarse en las posibilidades fiscales del Estado. El Gobierno reitera su postura de auditar el uso de los fondos públicos en las universidades, acusando a la dirigencia gremial y política de utilizar los reclamos presupuestarios con fines electorales de oposición.
La continuidad del conflicto docente amenaza con complicar el calendario académico del cuatrimestre en un clima de creciente movilización estudiantil y sindical. Las partes se mantienen inflexibles en sus posiciones, sin que se vislumbre una mesa de negociación paritaria acordada.
¿Es posible alcanzar un acuerdo sustentable entre el rigor fiscal del Gobierno y la autonomía presupuestaria universitaria?