El programa económico liderado por Javier Milei y ejecutado por el ministro de Economía, Luis Caputo, muestra una dualidad que desvela a los analistas financieros de la city porteña. Por un lado, los índices de precios al consumidor muestran un sendero de desaceleración sostenido que alimenta el discurso oficialista sobre el ordenamiento macroeconómico y la eliminación del déficit fiscal. El Gobierno celebra cada décima de caída como una batalla ganada frente al flagelo inflacionario que devastó la capacidad de compra de los argentinos durante la última década.
Sin embargo, la otra cara de esta misma moneda expone tensiones cambiarias complejas de disimular. La demanda de divisas comenzó a acelerarse, impulsada por la necesidad de las empresas de cancelar compromisos en el exterior y por ahorristas que, ante tasas de interés reales que corren por detrás de la inflación mensual, buscan resguardo en el billete verde. Este repunte de la presión sobre los dólares financieros acorta la brecha cambiaria por momentos, pero también exige un gasto constante de reservas por parte del Banco Central para mantener a raya las cotizaciones.
La desaceleración de la inflación se convirtió en el principal activo político de la administración actual, pero su sostenibilidad en el mediano plazo despierta dudas debido a la persistencia del cepo cambiario. El mercado reclama una hoja de ruta más clara sobre la salida de las restricciones cambiarias, mientras que el oficialismo insiste en que las condiciones de reservas netas aún no permiten una apertura total sin riesgo de un salto devaluatorio. Esta encrucijada plantea un escenario complejo para las metas pactadas con organismos internacionales.
¿Podrá el Gobierno mantener la tendencia a la baja de la inflación si la presión sobre el dólar obliga a posponer la unificación cambiaria de manera indefinida?