Las negociaciones contractuales entre el Estado nacional y las principales prestadoras de servicios públicos suelen transitar carriles de alta confidencialidad. Sin embargo, la filtración de documentos oficiales ha expuesto la Aeropuertos Argentina concesion y los planes del Ejecutivo nacional para avanzar en una prórroga de los contratos de administración de las terminales aéreas hasta el año 2066, lo que representa una de las mayores privatizaciones y concesiones de las últimas décadas en el país.
El contenido de las denominadas actas secretas gobierno detalla los compromisos de inversión e infraestructura exigidos a la firma controlante, perteneciente al holding Corporacion America. El proyecto busca consolidar un plan de modernización de pistas, tecnología de navegación y ampliación de terminales del interior, a cambio de asegurar la estabilidad jurídica y la explotación comercial exclusiva del espacio aéreo nacional por casi cuatro décadas más.
La revelación de estas tratativas ha generado incomodidad en la mesa de control del sector aeronáutico y la inmediata reacción de bloques opositores. Cuestionan que la concesion aeropuertos 2066 se gestione mediante mecanismos bilaterales directos en lugar de convocar a una licitación pública internacional transparente que permita contrastar ofertas económicas superadoras y tarifas más competitivas para los usuarios de vuelos de cabotaje.
La extensión contractual representa un reaseguro estratégico para el consorcio administrador en un escenario de desregulación aerocomercial impulsado por la política de cielos abiertos del Gobierno libertario. ¿Debería el Poder Ejecutivo prorrogar un contrato de infraestructura crítica tan relevante sin someterlo a un debate parlamentario y a una licitación abierta internacional?