En un giro histórico para la economía argentina, el gobierno de Javier Milei ha puesto la propiedad privada en el centro de su agenda, buscando desandar décadas de intervención estatal. Las medidas propuestas y los discursos oficiales señalan una clara intención de fortalecer las garantías constitucionales sobre la propiedad, esenciales para la inversión y el desarrollo. Esto contrasta fuertemente con políticas pasadas que, bajo distintas administraciones, erosionaron la confianza y los derechos de los propietarios, frenando el crecimiento económico y ahuyentando capitales. Este énfasis en la propiedad privada es celebrado por el sector liberal, que lo considera la base de la libertad económica y el progreso. Sin embargo, no faltan las voces críticas que alertan sobre los posibles impactos sociales o la reconfiguración de derechos adquiridos. ¿Es este el camino definitivo para destrabar el potencial productivo de la Argentina, o las resistencias internas frenarán el avance de Milei?