La Cámara Federal resolvió desestimar las denuncias y ratificar la resolución que determina el 'archivo causa macri fmi', cerrando de manera definitiva la investigación iniciada contra el expresidente Mauricio Macri y exfuncionarios de su gabinete económico. La causa investigaba supuestas irregularidades, defraudación y malversación de fondos públicos en la tramitación e implementación del préstamo de facilidades extendidas solicitado al Fondo Monetario Internacional durante el año 2018.
En la resolución judicial, los magistrados intervinientes concluyeron que las decisiones vinculadas a la toma de endeudamiento público constituyen actos políticos no judiciables y discrecionales del Poder Ejecutivo en ejercicio de sus facultades constitucionales. El dictamen subrayó que no se comprobaron maniobras delictivas, desvío de fondos ni violaciones a la normativa de la administración financiera vigentes al momento de suscribir el entendimiento con el organismo multilateral de crédito.
Desde el entorno del expresidente y los referentes del PRO celebraron la determinación del tribunal al sostener que se termina una persecución política que buscaba criminalizar la gestión del crédito público. Por el contrario, dirigentes vinculados a la oposición manifestaron su disconformidad con el fallo judicial, argumentando que el endeudamiento provocó secuelas estructurales sobre la economía argentina que condicionaron la estabilidad cambiaria e inflacionaria por más de una década.
El fallo judicial cierra un frente procesal relevante pero no extingue la acalorada controversia política que rodea al acuerdo con el FMI y la deuda soberana. La decisión marca un precedente jurídico de peso en cuanto a los límites del Poder Judicial sobre las decisiones de política macroeconómica impulsadas por los gobiernos electos. ¿Representa esta resolución el fin definitivo de la judicialización de las políticas económicas en la Argentina o profundizará la polarización ideológica en los Tribunales?