Las obligaciones financieras acumuladas por la Secretaría de Energía con las principales productoras de gas del país han alcanzado un pico de US$ 350 millones. El monto deriva de los retrasos en las transferencias correspondientes a los programas de estímulo a la producción de hidrocarburos no convencionales y diferencias de precio en la oferta para el mercado interno.
Aunque el Palacio de Hacienda sostiene la meta innegociable de mantener las cuentas públicas en orden, el acumulado con las petroleras impone un complejo dilema. Por un lado, la regularización de estas acreencias vía desembolsos directos genera presión sobre la meta de gasto primario. Por otro lado, la postergación de pagos resiente la cadena de confianza con los grandes operadores del sector.
Las compañías hidrocarburíferas han transmitido su inquietud respecto al impacto que este retraso financiero genera en los presupuestos destinados al desarrollo de nuevos pozos y ductos estratégicos. Aseguran que la certidumbre en las reglas de juego y el cobro en tiempo y forma son indispensables para mantener los ritmos de actividad previstos en las principales cuencas productivas.
El esquema tarifario para los meses venideros y el modo en que el Ministerio de Economía resuelva la cancelación de esta deuda serán clave para evitar tensiones en el abastecimiento energético y mantener el atractivo de las inversiones.
¿Podrá el esquema fiscal sostener la reducción del gasto presupuestario sin comprometer las inversiones necesarias para abastecer la demanda energética?