En un esfuerzo decidido por torcer la dinámica recesiva que afecta a la industria y el comercio, el Gobierno nacional presentó el denominado 'Súper RIGI'. Esta iniciativa se suma a una batería de ocho paquetes de medidas anunciados en los últimos 60 días con un objetivo central: acelerar la llegada de desembolsos millonarios y reanimar una actividad económica que no logra consolidar una recuperación en 'V'.
El marco normativo amplía significativamente los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios del régimen original, extendiendo los incentivos no solo a los grandes proyectos primarios o de infraestructura, sino también a sectores industriales intermedios de alta tecnología. Con estabilidad fiscal garantizada por tres décadas y exenciones de derechos de exportación, la Casa Rosada busca seducir a corporaciones globales para que oficien como locomotoras de la recuperación nacional.
Sin embargo, representantes de las pequeñas y medianas empresas han expresado una honda preocupación ante lo que consideran un esquema de asimetría competitiva. Dirigentes pymes señalan que mientras los grandes actores se benefician de un marco normativo privilegiado y acceso preferencial al mercado de divisas, las industrias locales continúan ahogadas por el alto costo de la energía, la contracción del mercado interno y la falta de financiamiento accesible.
El diagnóstico oficial sostiene que el ingreso acelerado de divisas mediante proyectos de envergadura es la única vía limpia para salir del estancamiento sin comprometer el equilibrio fiscal. El tiempo, sin embargo, corre en contra de un entramado productivo urbano que demanda soluciones inmediatas para sostener el empleo formal.
¿Será este régimen masivo suficiente para dinamizar la inversión productiva real o profundizará la brecha entre los grandes sectores primarios y la industria PyME tradicional?