La pulseada por los recursos entre la Casa Rosada y las administraciones provinciales sumó un nuevo capítulo de alta tensión institucional. Los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof, y de La Pampa, Sergio Ziliotto, han presentado un duro reclamo conjunto ante el Ejecutivo nacional por el drástico recorte fondos provincias destinados a la prevención de emergencias ambientales. La falta de asistencia para paliar las consecuencias del fenómeno climatológico conocido como el nino clima encendió las alarmas en el interior productivo del país.
Los mandatarios opositores denuncian que la administración central mantiene pisados los fondos de coparticipacion y de asistencia discrecional, desatendiendo obligaciones legales consagradas en leyes nacionales de manejo del fuego y de emergencias hídricas. Según detallaron, las obras de infraestructura necesarias para contener inundaciones y proteger las zonas productivas clave están paralizadas debido al programa de ajuste fiscal extremo.
Desde el gobierno nacional, la respuesta se mantiene firme dentro de la lógica del déficit cero. Se argumenta que las provincias deben autofinanciar sus contingencias climáticas con sus propios recursos tributarios, acusando a los líderes provinciales de malgastar sus presupuestos en estructuras burocráticas innecesarias. Este enfrentamiento profundiza la grieta entre el federalismo y el centralismo fiscal que promueve la gestión libertaria.
La desatención de la emergencia climática tiene consecuencias directas sobre el sector agropecuario, principal motor de divisas de la economía nacional. La falta de obras de canalización y defensa expone a miles de productores bonaerenses y pampeanos a pérdidas irrecuperables, lo que a su vez afectará la recaudación fiscal de las propias provincias en el mediano plazo.
¿Hasta qué punto el dogma del déficit cero nacional puede justificarse cuando pone en riesgo la infraestructura productiva y la seguridad de las poblaciones del interior?