En una votación histórica marcada por intensos debates entre bloques, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó el proyecto que consagra el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita del Poder Judicial porteño. La iniciativa contó con el respaldo clave de las bancadas de Pro y La Libertad Avanza, consolidando una alianza estratégica entre la gestión de Jorge Macri y el oficialismo nacional para descentralizar competencias de la órbita federal.
El traspaso implica que los nuevos juzgados y tribunales de alzada laborales responderán al marco normativo e institucional de la Ciudad, un viejo anhelo del fuero local para dotar a CABA de la autonomía judicial plena establecida en la Constitución Nacional de 1994. Desde las cámaras empresarias y entidades del sector corporativo celebraron la medida al anticipar que la justicia de la capital tenderá a aplicar criterios doctrinales más previsibles en materia de indemnizaciones y litigios por accidentes laborales.
Por su parte, los gremios de empleados judiciales y las centrales obreras expresaron un categórico rechazo en las puertas del parlamento porteño. Argumentan que la transferencia busca flexibilizar de hecho el fuero laboral y debilitar las protecciones normativas de los trabajadores al colocar la revisión de sentencias bajo la esfera del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, caracterizado según el fuero sindical por una postura favorable al capital de los empleadores.
El trasfondo político evidencia cómo la coincidencia entre el gobierno porteño y la administración libertaria permite avanzar en reformas estructurales que habían quedado truncas durante décadas. No obstante, la puesta en marcha de los nuevos tribunales enfrentará recursos de amparo ante la Corte Suprema de Justicia por parte del sindicalismo. ¿Se convertirá el nuevo Fuero Laboral porteño en un modelo de agilidad procesal o en un foco permanente de litigiosidad constitucional?