La Justicia intima al Ejecutivo por el destino de los fondos viales para rutas

En un escenario de creciente tensión política y judicial, la Justicia Federal dictaminó una resolución intimando formalmente al Poder Ejecutivo de la Nación para que brinde un informe detallado e integral acerca de la utilización y asignación de los recursos económicos viales previstos para el mantenimiento de las rutas de todo el país. La causa de origen se fundamenta en denuncias que apuntan a una presunta discrecionalidad en el redireccionamiento de fondos específicos provenientes de impuestos directos al combustible, los cuales legalmente debían nutrir fideicomisos destinados a obras camineras de Vialidad Nacional.

El punto álgido de la confrontación reside en la decisión de la administración central de suspender por completo las partidas de obra publica vial en el marco de su rigurosa política de equilibrio fiscal y déficit cero. De acuerdo con las presentaciones judiciales de gobernadores e intendentes de diversos signos partidarios, las sumas destinadas al fideicomiso de mantenimiento de rutas nacionales habrían sido retenidas de manera unilateral para engrosar el superávit del Tesoro Nacional y financiar otras obligaciones corrientes de carácter financiero. La intimación del tribunal impone plazos perentorios para que los ministros competentes aclaren las auditorías internas del flujo de capitales del fondo fiduciario bajo apercibimiento de severas sanciones legales.

Este conflicto institucional visibiliza el deterioro extremo que presentan amplios tramos de las rutas nacionales más transitadas del país, un factor crítico que incrementa de forma alarmante el índice de accidentes de tránsito y encarece notablemente los costos de logística de las economías regionales que transportan mercadería. Mientras el Gobierno argumenta la necesidad imperiosa de desmantelar estructuras de corrupción históricas ligadas a la cartelización de la construcción vial, los reclamos provinciales se multiplicican en los tribunales federales.