Una resolución de la justicia provincial ha puesto un freno rotundo a la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en el territorio bonaerense, reavivando el histórico y complejo debate sobre la seguridad y los límites de la imputabilidad de los menores. La medida, dictada por una jueza de garantías, suspende temporalmente las reformas punitivas propuestas por el oficialismo nacional y de la provincia, bajo el argumento de que la normativa vulnera pactos internacionales con jerarquía constitucional y no ataca las causas reales de la delincuencia adolescente.
La decisión judicial cuestiona de fondo la idea de que la baja edad imputabilidad sea un mecanismo idóneo para generar mayor seguridad provincia buenos aires. En sus fundamentos, el fallo señala que el endurecimiento de las penas en la justicia penal juvenil sin un programa paralelo de inserción socioeducativa y desintoxicación de consumos problemáticos resulta ineficaz y contraproducente. Los magistrados opositores al proyecto advierten que la infraestructura de detención para menores en el territorio provincial está colapsada, lo que convertiría a la baja de imputabilidad en un factor de hacinamiento y mayor reincidencia delictiva. Desde el plano social, diversos organismos alertan sobre la necesidad de centrarse en la deserción escolar extrema y la falta de oportunidades de desarrollo.
Desde el plano legislativo y del poder ejecutivo, los promotores de la reforma acusan al activismo judicial de obturar soluciones reclamadas mayoritariamente por la sociedad civil afectada por la inseguridad. Los defensores del regimen penal juvenil argumentan que la falta de herramientas procesales para contener a los menores infractores consagra un régimen de impunidad absoluta que es aprovechado por bandas de crimen organizado para tercerizar delitos violentos y mantener encendido el debate seguridad.
La resolución de la jueza de garantías profundiza la grieta entre el garantismo judicial y las políticas de mano dura en un distrito donde los índices de delitos urbanos no dan tregua. ¿Es posible diseñar una reforma penal juvenil que compatibilice las garantías constitucionales de los menores con el legítimo derecho a la seguridad y la paz social de los ciudadanos bonaerenses?