En momentos donde la discusión sobre la sustentabilidad de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) domina la agenda política y legislativa, un relevamiento sobre las liquidaciones del sistema previsional reveló que el Tesoro liquida mensualmente más de 200 millones de pesos para financiar solo 11 asignaciones mensuales vitalicias correspondientes a ex Jefes de Estado, exvicepresidentes y sus derechohabientes.
El listado de beneficiarios incluye asignaciones percibidas por exmandatarios de diversa extracción política como Cristina Kirchner y Alberto Fernandez, además de parientes directos de antiguos dignatarios. El régimen especial, regido por la Ley 24.018, otorga montos equivalentes a los haberes de un juez de la Corte Suprema de Justicia, sin quedar sujetos a los topes máximos ni a las fórmulas de movilidad que impactan en los casi siete millones de beneficiarios del régimen general.
Esta asimetría en la erogación del gasto publico reaviva el cuestionamiento social sobre las asignaciones graciables de la clase política. Mientras las jubilaciones ordinarias continúan sufriendo pérdidas reales en su poder de compra frente a la inflación acumulada, las denominadas jubilaciones de privilegio quedan blindadas contra el ajuste, convirtiéndose en un foco recurrente de críticas por parte de economistas y tributaristas que exigen mayor equidad fiscal.
El debate se traslada inevitablemente al Congreso de la Nación, donde diversos bloques opositores y oficialistas han presentado proyectos para derogar o modificar estructuralmente este beneficio especial para las altas autoridades del Estado. Sin embargo, las trabas jurídicas y las disputas partidarias suelen empantanar las iniciativas. ¿Es posible avanzar hacia un sistema previsional equitativo sin eliminar las prerrogativas de la dirigencia política?