En una jornada de alta densidad política en el recinto parlamentario de la Capital Federal, el Jefe de Gobierno Jorge Macri concretó la sanción del proyecto de ley que impulsa el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La iniciativa contó con el respaldo indispensable y los votos en bloque del espacio libertario, consolidando una alianza pragmática entre el oficialismo porteño y la administración central.
El entendimiento legislativo permite cumplir con una vieja exigencia consagrada en la reforma constitucional autonómica, transfiriendo tribunales, fueros y recursos a la jurisdicción local. Los defensores del proyecto sostienen que la medida agilizará los procesos judiciales y reducirá sustancialmente la mora de los juicios laborales, además de permitir un esquema contencioso más previsible y adaptado a las dinámicas productivas de la Ciudad de Buenos Aires.
La iniciativa provocó la rápida reacción de colegios de abogados, gremios de empleados judiciales y centrales sindicales, quienes rechazaron de plano la transferencia arguyendo que busca cercenar derechos adquiridos y favorecer los intereses patronales mediante la modificación de criterios jurisprudenciales. Paralelamente, sectores de la oposición porteña denunciaron un acuerdo político de conveniencia orientado a desarticular la estructura de la justicia laboral nacional tradicional.
Desde una lectura política institucional, el pacto entre el macrismo y La Libertad Avanza demuestra la plasticidad del oficialismo para articular bancadas cuando se trata de desregular o modificar el funcionamiento del fuero judicial. El traspaso abre interrogantes sobre la validez de los expedientes en trámite y la absorción del personal judicial. ¿Logrará este traspaso agilizar las causas laborales sin comprometer la independencia y protección de los trabajadores?