El Palacio de Hacienda puso en marcha una estrategia coordinada de inyección de pesos a la economía con un doble propósito: reanimar las ventas en el comercio minorista y fijar un piso ordenado a la cotización de la divisa en los mercados alternativos. A través del desembolso de fondos pendientes a provincias, la agilización de pagos a proveedores y la dinamización de líneas crediticias asistidas, el Estado busca elevar la liquidez disponible para reanimar el consumo masivo tras varios meses de contracción.
El razonamiento de las autoridades económicas estriba en que el nivel actual de cotización del dólar en ciertos segmentos se ubicaba en pisos excesivamente comprimidos que afectaban la rentabilidad de las industrias exportadoras. Mediante un moderado incremento del circulante en pesos, el equipo económico procura generar un impulso de demanda que estabilice la paridad cambiaria en valores compatibles con la competitividad del sector productivo, evitando al mismo tiempo el riesgo de una devaluación abrupta.
El movimiento implica un giro delicado en el manejo monetario del programa, ya que la inyección de pesos debe ser absorbida de manera genuina por la transacción de bienes y servicios. Si la cantidad de moneda en circulación supera la capacidad de absorción del mercado, el remanente podría redirigirse aceleradamente hacia los dólares paralelos o trasladarse a la estructura de precios de productos esenciales.
Comercios de cercanía y cadenas de supermercados observan con prudente optimismo la llegada de mayor liquidez a la calle, aunque aguardan verificar si la medida redundará en una recuperación sostenida de las ventas o si solo representará un alivio coyuntural.
La jugada oficial abre un debate de fondo sobre la política monetaria: ¿logrará la inyección programada de liquidez reactivar el aparato comercial y equilibrar el dólar sin resucitar los fantasmas inflacionarios?