Una causa penal que salpica los armados de comunicación política regional cobró un impulso decisivo en los tribunales federales. El estratega digital y consultor político Fernando Cerimedo quedó bajo investigación formal luego de que organismos de control financiero detectaran declaraciones juradas e inconsistencias impositivas en las que registró ingresos superiores a un millón de dólares mensuales provenientes de servicios profesionales prestados en Bolivia.
La causa busca verificar la veracidad de esos flujos monetarios y determinar si la justificación de honorarios responde a asesorías técnicas reales o si oculta estructuras de triangulación financiera y eventuales operaciones de lavado de activos. Los jueces a cargo del expediente ordenaron requerimientos de información a entes reguladores locales e internacionales para reconstruir la ruta del dinero y contrastar las declaraciones impositivas presentadas en el país con los giros bancarios del exterior.
Cerimedo, conocido por su activa participación en campañas de desinformación, monitoreo de redes y consultoría para espacios políticos de corte libertario y conservador en América Latina, rechazó las acusaciones argumentando que los ingresos corresponden al despliegue comercial legítimo de sus empresas tecnológicas y agencias de comunicación digital en diversos mercados sudamericanos.
Sin embargo, los investigadores analizan convenios contractuales, órdenes de pago de entidades bolivianas y las transacciones cambiarias asociadas a la repatriación o movimiento de esos fondos en el circuito financiero transfronterizo. La fiscalía busca certificar si existieron maniobras de sobrefacturación o utilización de firmas de fachada para canalizar financiamiento de origen opaco hacia actividades locales.
El avance de la pesquisa generó inmediatas repercusiones en el ámbito de la consultoría política, donde se sigue con atención el impacto sobre el entramado de agencias de marketing digital. La resolución de los peritajes contables determinará si las explicaciones de la defensa son suficientes para evitar una imputación formal más severa.
¿Logrará la Justicia esclarecer el origen de los millonarios ingresos declarados por el consultor político en el extranjero?