La morosidad de las familias argentinas se ha cuadruplicado, un dato que enciende las alarmas en un contexto de incertidumbre económica. Ante esta cruda realidad, la administración del presidente Milei ha sido categórica: “Es un problema entre privados”, señalando una firme convicción en la no intervención estatal en asuntos que considera parte del libre mercado. Esta postura, coherente con el ideario liberal del gobierno, propone que las soluciones deben surgir de acuerdos y responsabilidades individuales, sin la tutela o el rescate del Estado.
Sin embargo, críticos de esta política argumentan que la escala del problema podría ameritar alguna forma de mediación o alivio, advirtiendo sobre el impacto social de una creciente masa de deudores. Señalan que la falta de intervención podría profundizar la crisis de consumo y afectar la estabilidad de un sector significativo de la población. Para el oficialismo, cualquier intervención sería un parche que distorsionaría el mercado y crearía precedentes dañinos, priorizando la disciplina fiscal y la responsabilidad individual por encima de paliativos cortoplacistas.
¿Hasta dónde debe llegar la libertad de mercado cuando se trata de la subsistencia de las familias? ¿Es la no intervención la receta para una economía más sana o una receta para el ahogo de los más vulnerables en #Argentina?