El ambicioso sendero de desregulación tributaria impulsado por el Gobierno nacional sumó una intensa polémica tras la presentación de la iniciativa denominada Inocencia Fiscal II. Diseñada como una herramienta ágil para la regularización de tenencias de activos y simplificación de trámites, la medida ha despertado duras objeciones entre tributaristas y exfuncionarios de fiscalización. El núcleo del debate gira en torno a si esta normativa es una simplificación auténtica o si constituye un blanqueo Milei encubierto que debilita el cumplimiento de los contribuyentes regulares.
Las advertencias técnicas más duras provienen de expertos aduaneros que analizan críticamente las facilidades que otorga este proyecto fiscal. Sostienen que, bajo el paraguas de flexibilizar el ingreso de divisas, se generan zonas grises que dificultan la trazabilidad del capital extranjero y relajan los controles mínimos exigidos por agencias de transparencia internacional. Para las críticas LLA, la propuesta es un intento apresurado de captar liquidez sin medir las contingencias operativas a largo plazo que estas medidas económicas conllevan para la administración federal.
Desde la óptica oficial, no obstante, el proyecto es defendido como un paso indispensable para desarmar la herencia de regulaciones asfixiantes. Los técnicos del Ministerio de Economía argumentan que la escasez estructural de divisas y la parálisis de la inversión privada exigen incentivos fiscales de shock. Confían en que la puesta en marcha de esta normativa facilitará la circulación formal de capitales en el mercado interno y apuntalará la recaudación.
La negociación parlamentaria de esta ley pondrá a prueba la solidez del bloque gobernante en el Congreso, donde bloques de la oposición dialoguista exigen revisar minuciosamente las cláusulas de inmunidad administrativa. ¿Logrará el oficialismo avanzar con la sanción de Inocencia Fiscal II en su forma original o la resistencia técnica y legislativa obligará a modificar las bases impositivas del proyecto?