Los recientes datos de inflación de julio posicionan a Argentina, una vez más, en el deshonroso segundo lugar del ranking regional, solo superada por Venezuela. Con un 2,1% mensual, este registro, aunque menor al del país caribeño, sigue siendo una carga insostenible para el bolsillo de los ciudadanos y un freno para cualquier intento de crecimiento sostenible. La persistencia de estos niveles demuestra la urgencia de abandonar las políticas intervencionistas que distorsionan los precios y aniquilan la capacidad de ahorro.
La comparación con el resto de América Latina es un espejo incómodo: mientras muchos países consolidan su estabilidad, Argentina se aferra a un modelo que privilegia el gasto público descontrolado y la emisión monetaria por sobre la disciplina fiscal. ¿Hasta cuándo toleraremos que el Estado sea el principal motor de la depreciación de nuestra moneda y de la pobreza de nuestros compatriotas? Es imperativo un cambio de rumbo que priorice el equilibrio macroeconómico y la confianza en el mercado.