La entrada en vigencia del nuevo marco normativo del Régimen Penal Juvenil en la Argentina ha generado un intenso debate dentro del sistema judicial. Si bien la iniciativa legislativa buscó dar respuesta a la demanda social por mayor seguridad mediante la modificación de las edades de imputabilidad y la tipificación de sanciones, jueces y fiscales advierten sobre la falta de herramientas para su correcta ejecución.
Operadores del fuero de responsabilidad penal juvenil coinciden en señalar que los juzgados carecen del personal especializado necesario para implementar las medidas restaurativas previstas en el texto legal. Además, denunciaron la insuficiencia de centros de contención y programas de reincorporación social para evitar que los jóvenes reincidan en conductas delictivas.
Diversas organizaciones no gubernamentales y especialistas en derecho penal enfatizan que el endurecimiento de las penas no será efectivo si no viene acompañado de una inversión estructural en educación, adicciones y contención familiar en los sectores socialmente vulnerados.
El desafío para el Poder Ejecutivo y las provincias radica en acordar partidas presupuestarias extraordinarias que impidan el colapso del fuero especializado ante el esperable aumento en la tramitación de causas con menores involucrados.
¿Garantizará esta nueva ley una reducción del delito sin antes resolver la falta de infraestructura de contención social?