La puesta en marcha del nuevo marco normativo de responsabilidad penal juvenil abrió una intensa controversia técnica e institucional en el ámbito judicial y social. La ley, que incluye la baja en la edad de imputabilidad para delitos graves y fija un régimen procesal diferenciado para menores de edad involucrados en hechos delictivos, genera vacilaciones respecto a su capacidad real de aplicación en el territorio provincial por la marcada escasez de recursos presupuestarios, centros de contención especializados y personal capacitado.
Diversos colegios de magistrados, defensores oficiales y organizaciones orientadas a la niñez expresaron sus reparos en torno a la viabilidad técnica de la normativa. Los especialistas advierten que, de no mediar una inversión considerable en infraestructura edilicia y dispositivos interdisciplinarios de contención, la reforma corre el riesgo de convertirse en un instrumento puramente punitivo que agrave las tasas de reincidencia en lugar de fomentar la rehabilitación efectiva de los jóvenes e integrarlos a la sociedad.
Por el contrario, los impulsores de la iniciativa legislativa defienden la necesidad impostergable de actualizar un régimen penal que consideraban anacrónico, argumentando que la sociedad exige respuestas punitivas acordes a la gravedad de los delitos cometidos con violencia. Desde la perspectiva del Poder Ejecutivo y los sectores de la seguridad ciudadana, la reforma legal resulta indispensable para terminar con la impunidad utilizada por bandas delictivas adultas que reclutan intencionalmente a menores de edad para llevar a cabo actos criminales.
El debate en torno a la punibilidad juvenil exige saldar las contradicciones entre la exigencia social de mayor seguridad y la viabilidad técnica del sistema penitenciario y tutelar. La efectividad de la norma no dependerá únicamente de los años de pena contemplados en la ley, sino de la capacidad del Estado para financiar la logística que requiere un sistema penal juvenil moderno. ¿Logrará la nueva legislación reducir los índices delictivos juveniles o la falta de infraestructura transformará la reforma en una cáscara vacía?