Javier Milei ha elevado la apuesta en su cruzada contra la inflación y el gasto público, proponiendo al Congreso que la emisión monetaria para financiar al Estado sea considerada un delito. Esta medida representa un quiebre fundamental con las prácticas económicas de las últimas décadas en Argentina, donde la maquinita de imprimir billetes fue una herramienta recurrente para cubrir déficits fiscales, con el consecuente deterioro del poder adquisitivo de los ciudadanos. La iniciativa busca institucionalizar la disciplina fiscal y cortar de raíz la tentación de solucionar problemas de caja con más emisión.
Los defensores de la propuesta argumentan que es la única vía para garantizar la estabilidad económica y proteger el valor de la moneda, liberando al Banco Central de la presión política. Sin embargo, los críticos advierten sobre la rigidez que podría imponer a la política económica, limitando la capacidad del Estado para intervenir en momentos de crisis o para implementar políticas contracíclicas. ¿Es esta una propuesta valiente para terminar con la irresponsabilidad fiscal, o una medida extrema que podría atar de manos al próximo gobierno?