La relación institucional entre el Poder Ejecutivo y la Iglesia Católica ingresa en una etapa de marcado distanciamiento crítico. La conferencia episcopal argentina emitió un fuerte documento donde expresa su preocupación por las consecuencias socioeconómicas del ajuste de milei, argumentando que las frías estadísticas macroeconómicas pierden de vista el dolor de los desprotegidos. La cúpula eclesiástica reivindicó con vehemencia la validez del concepto de justicia social, una doctrina fustigada constantemente por el oficialismo.
En su declaración, los obispos señalaron que el acelerado crecimiento de la pobreza argentina no puede ser considerado un costo de transición aceptable en pos del equilibrio fiscal. La pastoral social remarcó que las parroquias y las delegaciones de caritas argentina se encuentran desbordadas por familias que ya no logran cubrir la canasta básica alimentaria. De este modo, la iglesia justicia social milei se convierte en un eje de debate ético que cuestiona la filosofía desreguladora del Gobierno.
La reacción de la Casa Rosada no se hizo esperar, reiterando que la única forma genuina de terminar con el flagelo de la inflación y generar riqueza sostenible es liberando las fuerzas del mercado. No obstante, para el oficialismo representa un escollo comunicativo de magnitud que la principal institución espiritual del país, con enorme inserción en los barrios más postergados, encabece el reclamo contra la desatención estatal y el desmantelamiento de los comedores populares.
La confrontación discursiva expone dos visiones irreconciliables sobre el funcionamiento de la sociedad y el rol del Estado con los vulnerables. ¿Podrá el Gobierno libertario mantener la legitimidad de su plan económico de shock ante un coro eclesiástico que denuncia un grave debilitamiento del tejido social?