La discusión en torno a la baja de edad de imputabilidad sumó un capítulo judicial decisivo en la provincia de Buenos Aires. Una resolución dictada en las últimas horas por la Justicia bonaerense hizo lugar a un hábeas corpus colectivo que frena la aplicación de las modificaciones al régimen penal juvenil en el territorio provincial. La medida fue promovida originariamente por referentes de organizaciones sociales y religiosos que trabajan en barrios vulnerables, encabezados por un conocido cura villero, quienes advirtieron sobre los graves riesgos institucionales y la vulneración de tratados internacionales de derechos humanos.
El fallo judicial pone de manifiesto las deficiencias edilicias, presupuestarias y de personal técnico que atraviesa el sistema de responsabilidad penal juvenil bonaerense. De acuerdo con los argumentos vertidos en el expediente, intentar incorporar a adolescentes de 14 y 15 años a la estructura punitiva actual sin una infraestructura adecuada de contención y reinserción social constituye un agravamiento arbitrario de las condiciones de detención. Esta decisión interrumpe temporalmente las pretensiones del oficialismo nacional y provincial de acelerar los procesos de enjuiciamiento para menores de edad procesados por delitos graves.
Desde el sector político que impulsa la reforma penal se cuestionó con dureza el pronunciamiento de la Justicia, argumentando que la medida obstaculiza las herramientas destinadas a combatir la inseguridad en las zonas más golpeadas por el delito organizado. Por el contrario, defensores de los derechos de la niñez y especialistas en derecho penal remarcaron que el endurecimiento de las penas sin políticas integrales de acompañamiento social no reduce las tasas de delito y solo genera una sobrepoblación en los centros de aprehensión.
El impacto de este hábeas corpus traspasa el plano estrictamente penal y abre una fuerte polémica política en el principal distrito del país. La falta de consenso sobre la contención social versus el reclamo social de mano dura mantiene fragmentada a la opinión pública. La provincia de Buenos Aires se transforma así en el escenario central donde se dirime la viabilidad jurídica y operativa del nuevo esquema punitivo. ¿Logrará la Justicia obligar al Estado a construir un sistema punitivo con garantías reales o continuará la brecha entre la demanda de seguridad y los derechos fundamentales?