La creciente tensión por la flexibilización ambiental escaló al plano social y judicial. Un colectivo articulado por organizaciones no gubernamentales y asambleas ambientalistas autoconvocadas manifestó su firme rechazo a las modificaciones normativas sobre la ley de glaciares mineria, denunciando que el Estado argentino vulnera de forma abierta el principio de no regresión en materia de derechos humanos ambientales y protección de bienes comunes.
Bajo la consigna de que el agua dulce representa un activo inalienable para la supervivencia y el desarrollo de las comunidades rurales, las agrupaciones ecologistas sostienen que la liberación de áreas periglaciares tiene como único propósito favorecer a las corporaciones dedicadas a la megaminería a cielo abierto. Según los referentes sociales, el uso masivo de sustancias químicas en los orígenes de las cuencas cordilleranas pondrá en peligro la salud de la población y la sustentabilidad del riego agrícola.
Las denuncias apuntan directamente a la intromisión de las cámaras mineras multinacionales en la redacción de los artículos legislativos. Organismos técnicos de la sociedad civil afirman que acotar la tutela ecológica a glaciares de gran dimensión técnica deja desprotegidos miles de parches de hielo de menor tamaño pero que resultan cruciales para sostener los caudales de los ríos durante los ciclos estivales y de sequía extrema.
Frente al avance de estas reformas normativas, las organizaciones adelantaron que acudirán a los tribunales internacionales de justicia y realizarán cortes informativos sobre las rutas nacionales de acceso a los yacimientos mineros más importantes. El conflicto hídrico promete convertirse en uno de los puntos de resistencia social con mayor vigencia territorial.
¿Podrán las asambleas ambientales frenar en la Justicia el avance de los proyectos megamineros en las reservas de agua de la Cordillera?