Una resolución de la Justicia federal reavivó un encendido contrapunto entre el mantenimiento del orden público y el ejercicio del derecho a la protesta social. La confirmación del fallo en el cual resultaron greenpeace procesados congreso afecta a doce integrantes de la organización ambientalista mundial, quienes habían desplegado pancartas e interrumpido accesos durante las audiencias de discusión legislativa referidas a las modificaciones de la ley de glaciares argentina.
El dictamen judicial atribuye a los activistas la presunta comisión de delitos vinculados al entorpecimiento del funcionamiento de los poderes públicos y resistencia a la autoridad. La protesta de greenpeace consistió en el escalamiento de estructuras y encadenamiento en los accesos al edificio parlamentario para visibilizar la oposición de diversos colectivos ecológicos a los cambios que habilitarían la actividad minera en zonas periglaciares de alta montaña.
Desde las agrupaciones ambientales y los organismos de derechos humanos denunciaron que la decisión contra los militantes procesados busca sentar un precedente persecutorio destinado a desincentivar las movilización ciudadanas. Sostienen que la manifestación fue de carácter pacífico y que la respuesta punitiva de la justicia federal argentina desproporciona faltas menores administrativas convirtiéndolas en antecedentes penales para los participantes.
En la vereda opuesta, voceros del oficialismo y legisladores alineados con la reforma destacaron que las instituciones democráticas deben funcionar sin presiones físicas ni bloqueos de grupos de presión radicalizados. Argumentaron que el resguardo de las sesiones parlamentarias es un deber constitucional innegociable e instaron a encauzar cualquier reclamo a través de las comisiones ordinarias de debate sin apelar a la acción directa disruptiva.
La delgada frontera entre la garantía constitucional del reclamo ciudadano y la preservación del normal desarrollo de las instituciones estatales se encuentra en constante tensión. En el actual contexto normativo y político, ¿representa este fallo una defensa legítima de las instituciones democráticas o se trata de una peligrosa criminalización del activismo socioambiental?