Los gobernadores de las provincias patagónicas unificaron su reclamo hacia la Casa Rosada para exigir la declaración formal de la emergencia ígnea en la región. El avance implacable de los focos de incendio en zonas cordilleranas ha sobrepasado la capacidad operativa de las brigadas locales, poniendo en riesgo parques nacionales y áreas pobladas.
El nudo del conflicto pasa por la ejecución del Fondo Nacional del Manejo del Fuego. Las administraciones provinciales acusan al Ministerio de Economía de retener partidas presupuestarias clave para el mantenimiento de aviones hidrantes y el pago de salarios a los brigadistas, en el marco de la política de déficit cero que sostiene el Palacio de Hacienda.
La respuesta oficial apela al principio de responsabilidad provincial y a la optimización de los recursos existentes. Sin embargo, la presión de los legisladores patagónicos en el Congreso amenaza con coordinar votaciones adversas para el oficialismo si no se giran los aportes del Tesoro. ¿Cederá el Poder Ejecutivo nacional ante la presión ambiental y política del bloque del sur?