El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y su par de La Pampa, Sergio Ziliotto, unificaron posturas ante la administración central para exigir la transferencia inmediata de las partidas presupuestarias destinadas a mitigar los efectos climáticos severos proyectados por el fenómeno El Niño. La paralización de la obra pública nacional y el recorte de fondos fiduciarios mantienen frenados los trabajos de canalización y contención hídrica en zonas de alto riesgo productivo.

En un documento conjunto enviado al Ministerio del Interior y a la Jefatura de Gabinete, los mandatarios argumentaron que las previsiones meteorológicas advierten sobre precipitaciones extraordinarias durante la primavera. Las provincias sostienen que sin las obras estructurales de drenaje en las cuencas compartidas, miles de hectáreas agrícolas y cascos urbanos correrán peligro de anegamiento prolongado, lo que derivaría en cuantiosas pérdidas económicas.

Desde el Gobierno nacional remarcaron la necesidad de mantener la severidad en el gasto público para consolidar el equilibrio fiscal. La política del Palacio de Hacienda establece que la ejecución de obras de infraestructura local debe ser asumida por los presupuestos provinciales o financiada mediante el sector privado, restringiendo las transferencias discrecionales únicamente a situaciones de emergencia declaradas a posteriori.

El conflicto pone de manifiesto la tensión continua entre las provincias y el Poder Ejecutivo en torno a la coparticipación federal y el financiamiento de contingencias. Las entidades del campo y las administraciones locales coinciden en que la falta de mantenimiento preventivo encarecerá de forma significativa los costos de asistencia posterior en caso de desastres naturales.

💬 Punto de debate

La controversia por los fondos para la emergencia hídrica reaviva la discusión sobre los límites del ajuste fiscal en materia de prevención. ¿Debe el Estado nacional sostener la partida para obras preventivas de infraestructura o recae en los distritos provinciales la responsabilidad financiera absoluta?