En una señal de viraje táctico orientada a amortiguar el impacto del freno económico, el Gobierno puso en marcha un paquete de medidas destinadas a inyectar pesos en la economía real. La maniobra persigue un doble objetivo: otorgar un envión necesario al golpeado consumo interno e impedir que la cotización del dólar caiga por debajo de un piso considerado peligroso para la recaudación fiscal y las exportaciones agropecuarias.
La decisión gubernamental contempla la flexibilización de encajes bancarios para expandir el crédito al consumo de las familias y la aceleración de desembolsos en programas de infraestructura prioritarios en las provincias. Con esta voltereta de estrategia, el Palacio de Hacienda pretende encender los motores del comercio minorista y la pequeña industria sin poner en riesgo la disciplina fiscal inflexible que abandera el presidente Javier Milei.
Las voces críticas de la oposición sostienen que este vuelco responde a las presiones sociales y al descontento generalizado provocado por la caída prolongada de las ventas minoristas. Sin embargo, desde el oficialismo defienden la flexibilidad de la gestión y afirman que, tras haber derrotado la amenaza hiperinflacionaria, resulta oportuno recalibrar la liquidez del sistema financiero para estimular la demanda agregada.
El desafío técnico de la medida reside en el quirúrgico control del excedente de pesos. Si la liquidez volcada no es absorbida por la producción de bienes y servicios, existe el riesgo latente de que los fondos se canalicen hacia la compra de divisas, recalentando las brechas cambiarias o reactivando las subas de precios en bienes esenciales.
La fina línea entre la reactivación necesaria y el riesgo de aceleración inflacionaria vuelve a desafiar a los funcionarios. ¿Conseguirá esta inyección de pesos reactivar la economía familiar sin alterar la ansiada paz cambiaria?