La constante diferencia de precios en productos electrónicos, especialmente celulares, entre Argentina y sus vecinos como Chile o Paraguay, es una cruda postal de nuestra economía. Mientras el gobierno insiste en políticas proteccionistas y altos impuestos a la importación, el ciudadano promedio se ve obligado a cruzar fronteras para acceder a bienes básicos de tecnología a un costo razonable. Esto no solo demuestra la ineficacia de ciertas regulaciones, sino que también implica una sangría de divisas y fomenta un mercado paralelo.
Esta situación expone la profunda distorsión económica generada por la presión impositiva y la intervención estatal excesiva, que encarecen artificialmente los productos y reducen el poder adquisitivo de los argentinos. Lejos de proteger la industria nacional, estas medidas parecen solo beneficiar a un puñado de importadores cautivos y a las arcas fiscales, a costa del bolsillo de la gente.
¿Hasta cuándo seguiremos con un modelo que penaliza el consumo y la inversión, forzando a nuestros ciudadanos a buscar afuera lo que aquí se niega?