Las crecientes tensiones internas dentro del gabinete de javier milei han comenzado a emerger con fuerza a medida que el calendario de gestión avanza inexorablemente hacia las elecciones legislativas 2025. El evidente nerviosismo del Presidente, que ya no se disimula en los pasillos de la Casa Rosada ni en sus apariciones públicas, responde a una doble pinza de presión: por un lado, la imperiosa urgencia de consolidar una estructura partidaria competitiva a nivel nacional y, por el otro, la demora en percibir una reactivación económica palpable en el bolsillo de la ciudadanía media.
Diversas fuentes del oficialismo confirman que las fricciones en el gobierno se han agudizado notablemente en las últimas semanas. Las discusiones no solo giran en torno al rumbo macroeconómico y la persistencia de las trabas cambiarias, sino también sobre el nivel de rendimiento de ciertos ministerios estratégicos que conducen políticas públicas clave. El gabinete nacional se enfrenta al titánico desafío de coordinar la gestión de un Estado complejo mientras se arma la estructura electoral de La Libertad Avanza en todo el territorio, una tarea sumamente colosal para una fuerza política joven con escaso rodaje territorial y dependencia de alianzas volátiles.
El propio Javier Milei ha manifestado en privado su profundo fastidio ante lo que considera una lentitud burocrática inaceptable en la ejecución de las desregulaciones normativas y en el control de la narrativa pública general. Mientras el ala técnica liderada por Luis Caputo insiste en priorizar a rajatabla el orden fiscal absoluto como garantía de estabilidad, los operadores políticos de primera línea presionan por la implementación de medidas concretas de alivio que dejen aire a la clase media y a las pequeñas empresas de cara al crucial test electoral del año próximo.
La dinámica de un gobierno con un fuerte sello hiperpresidencialista expone a los ministros a un desgaste veloz y descarnado, donde cualquier desvío de las metas macroeconómicas o comunicacionales es interpretado rápidamente como una falta de lealtad personal o de capacidad técnica de gestión. En este clima de extrema susceptibilidad, el dilema político de fondo resulta indiscutible: una magra cosecha de bancas legislativas en el año 2025 limitaría drásticamente el poder de acción gubernamental para la segunda mitad de su mandato constitucional, forzando al oficialismo a un permanente estado de negociación con el arco político tradicional.
¿Podrá el oficialismo cohesionar sus serias diferencias de criterio interno antes de que el prolongado costo social de las reformas de shock termine por erosionar la paciencia y la esperanza de su propio electorado de base?