El avance del denominado Súper RIGI ingresó en un terreno de incertidumbre legislativa tras no alcanzar los acuerdos necesarios en las comisiones del Congreso de la Nacion. La iniciativa, considerada por el Ejecutivo nacional como una herramienta indispensable para atraer divisas y habilitar grandes proyectos de infraestructura, chocó contra los reparos de bloques provinciales que reclaman modificaciones específicas en el articulado tributario y ambiental.
En la Cámara Alta, el debate sobre el rigi senado expuso la estrechez del volumen parlamentario oficialista. Pese a los intensos giros de negociación coordinados desde la Jefatura de Gabinete, los senadores oficialistas no lograron asegurar los dictámenes de mayoría necesarios para llevar el proyecto al recinto. Los legisladores patagónicos y del Norte Grande mantuvieron firmes sus demandas respecto al compre local y las regalías provinciales.
Desde la perspectiva macroeconómica, la dilatación de este régimen genera impaciencia en los sectores corporativos dedicados a la minería, el petróleo y la energía, donde grandes desembolsos internacionales se encuentran supeditados a la estabilidad normativa prometida. Para el Gobierno, la aprobación de este paquete de proyectos de ley constituye el pilar para sostener la oferta de dólares en el mediano plazo.
Por su parte, la oposición argumenta que la redacción actual del proyecto otorga beneficios exenciones fiscales excesivas que comprometen la recaudación futura de las provincias y desprotegen a las empresas proveedoras nacionales. La pulseada política refleja el equilibrio de poder actual entre la Casa Rosada y los mandatarios subnacionales, cuyo respaldo resulta ineludible en un Senado altamente atomizado.
¿Logrará el Ejecutivo destrabar el debate mediante concesiones a las provincias o el proyecto quedará estancado en la intrincada negociación del Congreso?