El ambicioso programa de privatizaciones y reformas estructurales que impulsa el Gobierno nacional de Javier Milei sufrió un serio traspié en el plano judicial de la provincia de Buenos Aires. Un fallo dictado por un tribunal federal de San Martín ordenó suspender de manera preventiva todo el proceso licitatorio encaminado a transferir al sector privado la gestión de la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), atendiendo a un amparo presentado por intendentes del peronismo bonaerense y organizaciones de usuarios.
La resolución judicial bloquea provisoriamente la venta de la compañía de saneamiento y remite las actuaciones a la justicia federal civil y comercial, ralentizando los tiempos previstos por el Ministerio de Economía para desprenderse de las firmas públicas deficitarias. La estrategia judicial del peronismo apunta a cuestionar la constitucionalidad de la declaración de sujeta a privatización AySA, argumentando que el acceso al agua potable y las cloacas constituye un derecho humano fundamental que no puede quedar librado exclusivamente a las reglas del mercado privado.
Desde el oficialismo cuestionaron con dureza la decisión judicial, considerándola una maniobra meramente política destinada a obstruir el ordenamiento fiscal del país y prolongar la existencia de cajas de financiamiento partidario encubiertas. Los defensores de las reformas de Milei sostienen que AySA requiere de manera urgente inversiones millonarias que el Estado nacional, en su actual situación de restricción presupuestaria, no puede afrontar, y que la gestión privada es la única vía para garantizar la eficiencia operativa del servicio técnico de agua.
Este freno abre un panorama de incertidumbre jurídica que podría replicarse en otras empresas públicas que el oficialismo pretende privatizar en el corto plazo, socavando la confianza de los inversores internacionales que aguardan reglas de juego estables para ingresar al mercado local. El conflicto institucional entre el Poder Ejecutivo y los magistrados que acogen los amparos opositores promete profundizarse. ¿Podrá el Gobierno sortear este complejo bloqueo judicial de la provincia de Buenos Aires o las privatizaciones quedarán empantanadas en los despachos tribunalicios de forma indefinida?