En una jornada legislativa cruzada por intensas negociaciones, la alianza opositora conformada por la Unión Cívica Radical, sectores del PRO y el peronismo disidente frenó la firma del dictamen de mayoría del denominado Súper RIGI en las comisiones de la Cámara de Senadores. La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo busca ampliar los beneficios fiscales y cambiarios para mega proyectos de inversión.
El freno en el plenario de comisiones obedeció a exigencias de modificación sobre el articulado de exenciones impositivas y el alcance de las prerrogativas jurisdiccionales. Los senadores opositores argumentaron la necesidad de incluir cláusulas de protección para los proveedores locales y establecer un piso de transferencia tecnológica que beneficie al entramado productivo nacional.
La derrota táctica del bloque oficialista refleja los estrechos márgenes de maniobra que posee el Gobierno en el Congreso de la Nación cuando las iniciativas no cuentan con consenso previo. Pese a las gestiones de última hora de los articuladores políticos de la Casa Rosada, los votos de los bloques aliados no resultaron suficientes para validar el texto original.
Este estancamiento obliga al Ejecutivo a redefinir su estrategia de alianzas para no postergar la entrada en vigencia de proyectos mineros y energéticos de gran escala. El desafío radica en conceder modificaciones sin desnaturalizar los incentivos atractivos para los capitales externos. ¿Logrará el Gobierno consensuar un texto modificado sin perder el interés de las inversiones extranjeras?