El plenario del Consejo del Salario terminó en un auténtico fiasco institucional. Tras horas de deliberaciones cruzadas y posturas irreconciliables entre las centrales obreras y las cámaras empresariales, los representantes de la CGT y ambas CTA decidieron abandonar la reunión virtual, dejando al descubierto una fractura total en la mesa de negociación. Frente a la parálisis, el presidente Javier Milei confirmó que fijará el nuevo piso salarial a través de un decreto del Poder Ejecutivo.
La brecha entre las pretensiones sindicales y las ofertas del sector privado resultó insalvable. Mientras que los gremios exigían una recomposición superior al 85% para equiparar el haber mínimo con la canasta básica de pobreza, la patronal ofreció incrementos escalonados acordes a la pauta de inflación decreciente que promueve el Ministerio de Economía. Desde la conducción de la CGT calificaron la propuesta privada como un atropello y acusaron al oficialismo de convalecer la licuación de los ingresos.
Con esta decisión, la fijación del salario mínimo vital y móvil mediante laudar discrecional se convierte en la tercera intervención consecutiva del Gobierno libertario en este mecanismo. Para la administración central, permitir incrementos por encima de las expectativas inflacionarias pondría en riesgo la meta de superávit fiscal y generaría distorsiones en el empleo formal. Sin embargo, para los sectores de la economía popular y los trabajadores no registrados, la falta de consenso agrava una situación crítica donde los ingresos reales continúan rezagados respecto a los precios de los alimentos y servicios básicos.
El impacto económico de la medida va más allá de la cifra nominal que decrete la Casa Rosada. El salario mínimo actúa como referencia para diversas prestaciones sociales, programas de empleo y la escala salarial de miles de pymes golpeadas por la caída de las ventas. La decisión de cerrar la paritaria por decreto busca dar una señal de firmeza hacia las metas fiscales, pero añade tensión en el vínculo con los sindicatos, que ya anticipan medidas de fuerza.
¿Es sostenible en el tiempo un esquema donde el Estado defina unilateralmente los ingresos mínimos sin el aval del entramado productivo y laboral?