El Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil vivió una de sus jornadas más tensas tras culminar sin un acuerdo entre las centrales obreras y los representantes del sector empresarial. El encuentro, que buscaba actualizar la pauta salarial de referencia para los trabajadores de todo el país, terminó en medio de reproches cruzados y posturas irreconciliables respecto a los porcentajes de incremento requeridos para compensar la pérdida del poder adquisitivo.
Desde la CGT y las dos variantes de la CTA exigían una recomposición de emergencia que elevara de manera sustancial el haber básico, argumentando que la base actual se encuentra en niveles históricamente bajos en términos reales. Por su parte, las cámaras empresariales sostuvieron que la situación productiva y la caída del consumo imposibilitan absorber subas de tal magnitud sin comprometer la sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas.
El desacuerdo deja la resolución de la pauta salarial en manos del Ministerio de Capital Humano, que deberá fijar el monto mediante un decreto laudo. Esta falta de consenso no solo tensa el vínculo entre el sindicalismo y la administración oficial, sino que expone la dificultad recurrente para encauzar las paritarias en un esquema de ordenamiento económico estricto.
Las consecuencias del fracaso negociador impactan de forma directa en el sector informal de la economía. El Salario Mínimo no solo actúa como un umbral legal para la contratación formal, sino que determina el techo imponible y sirve de métrica para actualizar diversos beneficios sociales y programas de contención estatal que dependen de esta variable institucional.
Con la inflación en lenta desaceleración pero con precios acumulados golpeando el bolsillo de las familias, la fijación del piso salarial por la vía gubernamental reabre el debate sobre la efectividad de las mesas de concertación. ¿Es sostenible mantener un esquema de ingresos relegados sin comprometer la paz social y la reactivación del mercado interno?