La reunión virtual del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil terminó de la peor manera posible. Luego de horas de discusiones cruzadas entre las representaciones empresariales y las centrales obreras, la CGT y las dos fracciones de la CTA abandonaron en masa la mesa de negociación. La falta de entendimiento dejó al descubierto las insalvables diferencias respecto a la pauta salarial y la proyección inflacionaria para el ciclo 2026, dejando en manos del Ministerio de Capital Humano y de la Secretaría de Trabajo la potestad de fijar el piso remunerativo mediante un decreto oficial.
El quiebre de las conversaciones se aceleró cuando las cámaras empresariales ofrecieron una pauta de incremento escalonada muy distante de las pretensiones sindicales. Mientras que los gremios exigían una recomposición inmediata superior al 45% para mitigar la erosión del poder adquisitivo sobre la canasta básica alimentaria, los representantes del sector privado sostuvieron que la prioridad absoluta debe ser sostener los niveles de empleo formal en un contexto de contracción de las ventas internas. Frente a lo que consideraron un desacuerdo insalvable y una postura intransigente, los líderes cegetistas decidieron retirarse del plenario.
Desde la Casa Rosada fundamentan que la determinación del haber básico por la vía del laudo presidencial responderá estrictamente a los parámetros del programa de consolidación fiscal. Para los asesores económicos del Gobierno, validar incrementos por encima del ritmo de desinflación mensual arriesgaría el equilibrio logrado en los agregados monetarios y generaría presiones indeseadas sobre la estructura de costos corporativos. Con esta decisión, la administración libertaria reafirma su postura de no interceder en favor de las demandas gremiales si estas no se alinean con la meta de estabilidad de precios.
Este desenlace institucional reaviva las disputas en las paritarias 2026 de los principales convenios colectivos de trabajo. El piso salarial funciona como un faro de referencia para un amplio sector de trabajadores informales y receptores de programas de asistencia social, quienes absorben de manera directa el congelamiento o la postergación de estas actualizaciones remunerativas. La CGT ya adelantó que evaluará medidas de fuerza de carácter nacional en respuesta al esquema de fijación unilateral adoptado por el Ejecutivo.
La estrategia oficialista de prescindir de la concertación social fortalece el objetivo fiscal pero expone la sostenibilidad social ante el deterioro persistente de los ingresos medios. ¿Es posible sostener la desinflación como único ancla económica sin un pacto salarial que contenga el malestar social?