Argentina se encuentra ante una encrucijada estratégica de magnitud global. La falta de tratamiento de una ley marco para regular la producción de Combustibles de Aviación Sostenibles (SAF) y biocombustibles marinos mantiene paralizadas inversiones proyectadas en más de 40.000 millones de dólares. El sector agroindustrial y energético cuenta con la capacidad instalada y la materia prima requerida para liderar la transición limpia del transporte internacional, pero la inacción legislativa amenaza con marginar al país de la carrera exportadora.
Expertos del sector explicaron que los mercados de la Unión Europea y Estados Unidos han fijado metas estrictas de descarbonización para las aerolíneas internacionales con vistas a las próximas décadas. El aceite de soja, el etanol y los residuos agrícolas producidos en suelo argentino representan insumos de máxima eficiencia para la fabricación de estos combustibles ecológicos de altísimo valor agregado. Sin embargo, la indefinición sobre un régimen de incentivos, previsibilidad fiscal y cupos de mezcla impide el desembarco definitivo de los fondos de inversión extranjeros.
Desde las cámaras empresarias del complejo bioenergético sostienen que la aprobación de una legislación moderna no solo generaría un ingreso masivo de divisas frescas, sino que dinamizaría las economías regionales mediante la creación de miles de puestos de trabajo calificados. No obstante, las discrepancias entre las provincias productoras de biocombustibles y la visión de desregulación absoluta que promueve la administración nacional han obstaculizado la construcción de consensos normativos en el Congreso de la Nación.
El costo de oportunidad para la economía nacional crece a medida que países vecinos de la región avanzan rápidamente con marcos regulatorios atractivos para captar capitales globales. Sin una señal clara por parte del Estado para garantizar condiciones operativas estables, la Argentina corre el riesgo de resignar su ventaja competitiva histórica en la industria agroenergética en favor de otros competidores emergentes.
¿Lograrán el Gobierno y las provincias consensuar una ley de biocombustibles antes de que las inversiones millonarias migren definitivamente a otros países?