Un informe de auditoría técnica sobre la custodia e instrumentación del monitoreo judicial a Cristina Fernández de Kirchner desató una fuerte controversia en Comodoro Py y en el Ministerio de Seguridad. El documento oficial confirma que el dispositivo de vigilancia electrónica asignado a la ex vicepresidenta registra graves vulnerabilidades: el sistema geolocalizador no posee la precisión tecnológica necesaria para diferenciar movimientos internos dentro del edificio donde reside en el barrio porteño de Recoleta.
Esta falencia operativa implica que la central de monitoreo no puede detectar si la referente política permanece dentro de su departamento, si se traslada a otras unidades funcionales del inmueble o si utiliza accesos comunes fuera del alcance de las cámaras perimetrales. Para los peritos judiciales, la presencia de este 'punto ciego' debilita el control estricto impuesto en el marco de las causas que pesan sobre la exmandataria.
Desde el entorno cercano a Cristina Kirchner restaron dramatismo a las revelaciones y denunciaron un nuevo intento de hostigamiento político-mediático. Argumentaron que la seguridad perimetral a cargo de las fuerzas federales funciona de manera ininterrumpida y que las deficiencias tecnológicas de los dispositivos oficiales son responsabilidad exclusiva del Estado y no del usuario.
El tribunal a cargo evaluará en los próximos días si ordena la actualización del instrumental electrónico o si dispone medidas complementarias para garantizar el cumplimiento irrestricto de las directivas impuestas. ¿Se trata de un verdadero error técnico del sistema de seguridad o de una falla conceptual en los protocolos de la Justicia federal?