La última reunión del Consejo del Salario terminó en un fracaso previsible que profundiza la grieta entre el sindicalismo y el oficialismo. La Confederación General del Trabajo (CGT), junto con las dos vertientes de la CTA, abandonó intempestivamente el encuentro virtual tras considerar inaceptable la propuesta empresarial de incremento para el salario minimo vital y movil. De este modo, la paritaria de base para el mercado laboral argentino quedó formalmente rota, dejando la determinación del nuevo piso de ingresos de manera exclusiva en manos del gobierno nacional, que ahora deberá laudar por decreto.
El conflicto estalló cuando los representantes gremiales exigieron un aumento que compensara la pérdida del poder adquisitivo acumulada frente a la inflación de los últimos meses. Las cámaras patronales, alineadas con la prudencia de costos que promueve el Palacio de Hacienda, ofrecieron un esquema de cuotas que fue tildado de "burla" por la conducción de la CGT. Al retirarse del diálogo, las centrales obreras denunciaron que existe un plan sistemático para licuar los ingresos de los sectores más vulnerables bajo la premisa de mantener a raya las expectativas inflacionarias.
La decisión del gobierno nacional de fijar el haber mínimo mediante una resolución ministerial representa un duro golpe a la institucionalidad del Consejo del Salario, un espacio clave para el consenso tripartito. Para la administración de Javier Milei, esta situación evita una indexación desmedida de las paritarias que podría presionar sobre las cuentas públicas y los costos del sector privado, sosteniendo su disciplina fiscal a rajatabla. Sin embargo, el costo político de asumir la fijación unilateral del salario mínimo expone al Poder Ejecutivo a nuevas de fuerza sindicales.
Este quiebre de negociaciones acelera el distanciamiento entre los sindicatos tradicionales y la Casa Rosada, en un clima donde la conflictividad social continúa latente. Sin un puente de diálogo real entre el capital y el trabajo, la paz social se vuelve un activo frágil y difícil de gestionar para el oficialismo. ¿Podrá el Gobierno nacional contener la presión sindical en las calles tras clausurar de hecho la negociación colectiva del salario básico de los argentinos?