La decisión de Brasil de rebajar la relación diplomática con Argentina y el consecuente regreso del embajador de Javier Milei a Buenos Aires, tras "insultos y agresiones", representa una peligrosa escalada. Este quiebre no solo afecta el plano ejecutivo, sino que interpela directamente al sistema institucional argentino, incluyendo el Senado, en su rol de garante de la política exterior y los tratados internacionales. ¿Puede el Poder Ejecutivo actuar con tal desfachatez sin rendir cuentas al Poder Legislativo?
Una política exterior seria se construye con consensos y visión a largo plazo, no con declaraciones impulsivas que dinamitan puentes históricos. Brasil es un pilar fundamental para la economía argentina, un socio que trasciende las ideologías de los gobiernos de turno. La postura de la actual administración, lejos de fortalecer la soberanía, parece conducir al país a un aislamiento regional que solo beneficia a nuestros competidores y perjudica a la producción nacional.
En este escenario crítico, ¿está el Senado argentino a la altura de las circunstancias para debatir y encauzar una política exterior que proteja los intereses nacionales por encima de las bravuconadas ideológicas?