A más de cuatro décadas de la recuperación definitiva del orden constitucional, diversos estudios sociológicos y de opinión pública han encendido luces de alerta rojas sobre el profundo deterioro de la cultura democratica Argentina. El preocupante arraigo de lo que los especialistas definen como anomia social -una arraigada inclinación colectiva a desatender e incumplir las normas básicas de convivencia social y legalidad- amenaza con resquebrajar el pacto fundacional que sostiene la vida democrática del país.
La desafección por las reglas no es un fenómeno novedoso en nuestro territorio, pero se ha agravado notablemente al calor de las recurrentes frustraciones económicas y el desprestigio de las principales instituciones argentinas, incluyendo la justicia, el parlamento y las fuerzas de seguridad. Según investigaciones académicas comentadas extensamente en medios de comunicación como Perfil, la ciudadanía percibe las leyes como imposiciones caprichosas o privilegios sectoriales en lugar de verlas como un marco protector común. Esto genera un círculo vicioso de transgresión cotidiana que va desde la informalidad tributaria hasta el desacato civil de las pautas básicas de civismo urbano.
Este severo declive normativo se ve acicateado por una polarización extrema que domina la escena pública. En la Argentina del presente, la legalidad ha sido instrumentalizada: los fallos judiciales o las leyes del Congreso solo se consideran legítimos cuando favorecen los intereses o las simpatías ideológicas del propio sector político. Si el dictamen es adverso, se lo descalifica tildándolo de conspiración del adversario, vaciando de contenido ético al Estado de derecho y socavando la confianza pública en el sistema democrático de representación.
Revertir este preocupante panorama sociopolítico requiere una refundación ejemplar por parte de los liderazgos políticos y económicos de la Nación, quienes deben someterse de manera estricta y transparente a las mismas reglas de juego que pretenden imponer al resto de la sociedad civil.
Frente a una ciudadanía sumamente descreída del funcionamiento de la república y agobiada por los problemas cotidianos de inflación e inseguridad, el futuro institucional de la Argentina pende de un hilo. ¿Seremos capaces de reconstruir un apego honesto y compartido a las leyes que nos rigen, o avanzaremos sin freno hacia un escenario de disgregación social e ingobernabilidad permanente?