La Cámara de Diputados fue escenario de una ajustada maniobra política que dejó sin quórum la sesión especial pedida por bloques de la oposición. El temario propuesto buscaba abordar con urgencia el fenómeno del creciente endeudamiento familiar, estableciendo topes legales a los intereses punitorios y comisiones que aplican entidades financieras, empresas de crédito personal y plataformas Fintech sobre las tarjetas de crédito y préstamos de rápida acreditación.
La estrategia parlamentaria liderada por La Libertad Avanza, con el apoyo de aliados provinciales, consistió en retirar a sus legisladores del recinto minutos antes de completar el número reglamentario. Desde la bancada oficialista argumentaron que las iniciativas opositoras representan una distorsión sobre la libertad de contratación y que la regulación estatal de las tasas de interés generaría un inmediato corte en la oferta de crédito para los sectores de menores recursos, empujándolos al circuito informal del dinero.
En la contraparte, los bloques promotores del debate exhibieron informes que señalan un aumento dramático en el nivel de morosidad de los hogares de clase media y trabajadora, motivado por el uso recurrente del financiamiento en cuotas para la compra de alimentos y el pago de servicios básicos. Según estos relevamientos, las tasas efectivas anuales en algunas plataformas superan holgadamente el costo financiero promedio del sistema, configurando una situación de ahogo financiero para millones de usuarios.
El bloqueo de la sesión paralizó temporalmente el tratamiento de dictámenes que también proponían esquemas de renegociación de deudas bajo tutela estatal. La batalla en el Congreso expone el choque irreconciliable entre la doctrina de libre mercado absoluto que pregona el oficialismo y la demanda de regulación tuitiva que enarbola la oposición. ¿Debe el Estado intervenir para frenar las tasas usurarias de consumo o la libertad de mercado corregirá por sí misma el costo del financiamiento familiar?