Acceder a una vivienda propia se ha convertido en una utopía para gran parte de los argentinos. Un nuevo ranking mundial revela que el país se ubica en los últimos puestos en cuanto a la capacidad de sus ciudadanos para comprar una casa, un indicador que enciende alarmas sobre la política habitacional y la situación económica general. Los datos confirman lo que muchos ciudadanos ya viven: salarios estancados, inflación persistente y un mercado inmobiliario distorsionado por regulaciones y alta carga impositiva hacen inalcanzable el sueño de la casa propia.
Desde una perspectiva liberal, la dificultad de acceso a la vivienda es un claro síntoma de la intervención estatal excesiva y la falta de incentivos para la inversión privada en el sector. La presión impositiva sobre la construcción y la propiedad, sumada a la inestabilidad macroeconómica, desincentiva tanto la oferta como la demanda, creando un círculo vicioso que perjudica a los compradores. ¿Es hora de repensar drásticamente las políticas de vivienda, liberando el mercado y reduciendo la carga sobre los propietarios e inversores? ¿O el Estado debe profundizar su rol, a pesar de la evidencia de sus limitaciones, para garantizar un derecho que parece cada vez más lejano?