El equipo económico liderado por Luis Caputo concretó durante agosto la contracción del gasto público más severa en lo que va del año. Ante una caída real de la recaudación tributaria impulsada por la desaceleración de la actividad comercial y los menores ingresos vinculados al comercio exterior, la administración central aplicó una poda interanual cercana al 10% en términos reales sobre las partidas operativas e inversiones del Estado.
El objetivo prioritario del Poder Ejecutivo se mantiene inalterable: sostener a cualquier precio la consigna del déficit cero. Para compensar los recursos que dejaron de ingresar a las arcas de AFIP, los mayores recortes impactaron fuertemente en las transferencias discretivas a las provincias, las partidas para la obra pública y los gastos de funcionamiento de diversas dependencias de la administración pública nacional. De acuerdo a datos preliminares de ejecucion presupuestaria, el ajuste fiscal en argentina logró neutralizar el bache financiero, asegurando un nuevo mes con resultado primario favorable.
Sin embargo, la dinámica enciende señales de alerta entre analistas de mercado y consultoras privadas. El apretón sobre las erogaciones estatales pone de manifiesto los límites del esquema actual, donde la consolidación del superávit depende en gran medida de un estrujamiento constante del gasto en lugar de una recuperación sostenible de la recaudación tributaria basada en un repunte de las ventas y la producción.
Desde el Palacio de Hacienda sostienen que la disciplina presupuestaria es la única garantía para consolidar la baja de la inflación y consolidar la estabilidad macroeconómica. A la par, referentes del sector privado y mandatarios provinciales advierten que la parálisis de la inversión en infraestructura y la presión sobre el consumo doméstico erosionan la actividad real. ¿Es posible sostener de manera indefinida la meta del déficit cero mediante recortes del gasto sin que la parálisis económica termine comprometiendo la propia caja del Estado?