Con el objetivo de consolidar el déficit cero como una política de Estado irreversible, el presidente Javier Milei impulsa la creación de un 'grillete fiscal'. Esta ambiciosa reforma legislativa pretende penalizar por ley a los funcionarios que autoricen gastos por encima de la recaudación real, buscando así blindar el corazón del plan económico libertario de cara al futuro.
La propuesta busca enviar una señal contundente de estabilidad y previsibilidad a los inversores extranjeros y a los organismos internacionales de crédito. No obstante, sectores de la oposición y gobernadores provinciales advierten que esta rigidez extrema podría paralizar el funcionamiento básico del Estado ante emergencias climáticas o de infraestructura social urgente.
¿Es viable gobernar un país con un cepo legal al gasto público sin poner en riesgo la contención de crisis sociales extremas?