La avanzada del Gobierno nacional para modificar el régimen penal juvenil y fijar la baja en la edad de imputabilidad a los 14 años chocó contra una barrera judicial decisiva en la provincia de Buenos Aires. La presentación de un recurso de hábeas corpus promovido por un cura villero y respaldado por organismos de derechos humanos logró un freno cautelar sobre la aplicabilidad de los protocolos proyectados por las fuerzas de seguridad nacionales en jurisdicción bonaerense.
El proyecto impulsado con fuerza por el Ministerio de Seguridad y respaldado por el bloque oficialista en el Congreso busca endurecer las penas y las condiciones de procesamiento de los menores involucrados en delitos graves. Desde la óptica del Poder Ejecutivo, la reforma resulta una respuesta indispensable para combatir la inseguridad violenta y desarticular a las bandas criminales que reclutan a adolescentes en zonas vulnerables.
Por el contrario, la resolución judicial dictada a raíz de la demanda colectiva puso de relieve los severos vacíos institucionales del sistema de protección de derechos de la infancia. La decisión argumenta que la reducción de la edad punitiva, en las condiciones actuales de infraestructura penitenciaria y sin programas de contención pedagógica adecuados, viola tratados internacionales con jerarquía constitucional y profundiza la estigmatización de los sectores postergados.
Este revés judicial sitúa el debate en un punto de máxima tensión política entre Balcarce 50 y la administración bonaerense conducida por Axel Kicillof. Mientras la Casa Rosada insiste en profundizar el enfoque punitivo como eje de su plataforma gubernamental, los tribunales provinciales y las organizaciones de la sociedad civil exigen priorizar las políticas sociales preventivas y los presupuestos educativos.
¿Debe primar el endurecimiento de las penas a menores para bajar el delito o es prioritario reestructurar el sistema estatal de contención juvenil?