La política cambiaria impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo, se encuentra en el centro del debate entre los principales analistas de la City y la industria productiva. Con una devaluación mensual del dólar oficial fijada rígidamente en el 2% mediante el esquema de crawling peg, y una inflación que, si bien desacelera, viaja a ritmos superiores, la discusión central gira alrededor de la existencia o no de un dólar atrasado que erosione la competitividad de la economía argentina.
Para un sector representativo del empresariado industrial y del complejo agroexportador, la persistencia de costos internos expresados en dólares elevados torna insostenible la rentabilidad en los mercados internacionales. La suba en las tarifas de servicios públicos, los fletes y la presión tributaria local provocaron un encarecimiento de la estructura productiva sin una contrapartida equivalente en el tipo de cambio real. Advierten que este fenómeno puede resentir el superávit comercial acumulado.
En la vereda opuesta, los técnicos de la cartera económica defienden la vigencia del esquema. Argumentan que la apreciación cambiaria responde a un nuevo equilibrio macroeconómico fundado en la eliminación del déficit fiscal, la emisión cero y la recuperación paulatina de la confianza en los títulos locales. Desde la visión oficial, pretender corregir la competitividad vía devaluación tradicional solo provocaría un salto mecánico de la inflación, neutralizando las metas de estabilización de precios alcanzadas.
El dilema cambiario adquiere mayor relevancia ante la necesidad de acumular reservas internacionales suficientes en el Banco Central para encarar los vencimientos de deuda previstos. El verdadero desafío radica en determinar si el aumento del costo de vida en dólares es una consecuencia natural del ordenamiento macro o una trampa que limite la ansiada recuperación económica en el mediano plazo.
¿Logrará el Gobierno sostener el tipo de cambio sin comprometer las reservas ni la competitividad de la industria nacional?