La redefinición de las fronteras entre el ámbito público y el privado constituye uno de los ejes doctrinarios más audaces del oficialismo en la gestión diaria de las problemáticas sociales. Recientemente, portavoces del Ministerio de Justicia y del gabinete nacional han deslizado que las deudas familiares y las disputas por mora alimentaria o deudas familiares entre particulares deben resolverse de manera autónoma, limitando la intervención judicial y estatal. Esta postura desreguladora introduce un profundo debate sobre el desamparo de los sectores más vulnerables dentro de la estructura familiar tradicional.
Bajo el prisma ideológico que guía las medidas de javier milei, la resolución de conflictos económicos domésticos debe descansar en la libre voluntad de los individuos y en arreglos privados, reduciendo el costo que para el erario público representa el sostenimiento de estructuras de mediación estatales. El gobierno nacional fundamenta que la intromisión del Estado en las relaciones familiares vulnera la autonomía contractual y personal. No obstante, especialistas en derecho de familia advierten que la mora familiar afecta mayoritariamente a mujeres e infancias que carecen de la simetría de poder necesaria para negociar con deudores solventes o esquivos.
El corrimiento del Estado de estas disputas amenaza con profundizar la precarización económica en miles de hogares argentinos, donde las deudas familiares representan la diferencia entre la subsistencia básica y la exclusión absoluta. Al catalogar estas obligaciones de carácter alimentario y habitacional como meros conflictos entre privados, el marco institucional actual debilita las herramientas tradicionales de embargo, registro de deudores alimentarios y sanciones civiles que servían de coacción legal mínima.
Esta desregulación extrema abre un debate que va más allá de lo económico y roza la ética del cuidado colectivo en una sociedad civil en plena transformación. Dejar librada la protección de los menores a las reglas del mercado privado podría generar consecuencias irreversibles de vulnerabilidad infantil.
¿Es la retirada del Estado de los conflictos de deudas familiares un triunfo de la libertad individual o un abandono institucional a las poblaciones más indefensas?